El Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py resolvió este jueves que los diputados y senadores nacionales que deseen visitar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, actualmente bajo prisión domiciliaria, deberán solicitar autorización judicial previa.

La decisión surge tras una presentación realizada por legisladores nacionales de Unión por la Patria (UP), quienes notificaron su intención de concurrir al domicilio de la ex mandataria en Recoleta, en Capital Federal, "cuando lo consideren necesario", alegando razones institucionales, políticas y democráticas.

En paralelo, los abogados de Fernández de Kirchner, Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, pidieron al tribunal que aclare el criterio para autorizar las visitas de legisladores, argumentando que gozan de fueros parlamentarios. Sin embargo, el tribunal rechazó el planteo por considerarlo “manifiestamente impertinente”.

El juez Jorge Gorini recordó que al conceder la prisión domiciliaria se estableció un régimen de visitas limitado a familiares, abogados, médicos y custodios, quienes pueden ingresar sin permiso judicial. Para cualquier otra persona, incluida la clase política, se requiere una solicitud formal presentada por la defensa.

“Los solicitantes pretenden que se anticipe un criterio sobre circunstancias futuras, lo que resulta improcedente”, fundamentó el tribunal, y aclaró que tales pedidos deben ser evaluados caso por caso, consignó el sitio Infobae.

Además, el tribunal informó haber recibido más de mil correos electrónicos de ciudadanos que solicitaron visitar a la ex presidenta. La avalancha de mensajes ocurrió luego de que el abogado Gregorio Dalbón difundiera en redes sociales la dirección de correo del tribunal. Los jueces aclararon que ninguna de esas solicitudes será respondida, ya que sólo pueden ser gestionadas por la defensa.

La defensa de la ex mandataria insistió en que no corresponde imponer restricciones a las visitas y presentó un recurso de apelación contra la decisión del tribunal. El planteo fue aceptado y será analizado por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes convocaron a una audiencia para el 7 de julio a las 12.

Casación también podría intervenir en otras decisiones de la causa, entre ellas el otorgamiento de la prisión domiciliaria -cuya legalidad cuestionan los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola- y la colocación de una tobillera electrónica a Fernández de Kirchner, medida impugnada por su defensa.